Caracas, Venezuela.- El gobierno y la oposición venezolanos se aprestan a medir fuerzas en las próximas horas cuando se someterá a debate en el congreso el decreto de emergencia económica que acordó el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la crisis, pero el jefe del Legislativo adelantó que no se aprobará la nueva normativa.
El decreto de emergencia no cuenta hasta el momento con el respaldo de la mayoría opositora, lo que aleja la posibilidad de que pueda aprobarse y presagia nuevas tensiones políticas.
El presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, descartó la aprobación del decreto y dijo a la emisora local Radio Caracas que ante la decisión de las autoridades financieras de no asistir al Legislativo para informar sobre la situación económica "no se puede sino improbar porque no tenemos información".
Ramos Allup calificó el decreto de Maduro de "trampa" con la que se busca responsabilizar a la Asamblea Nacional de la crisis.
Maduro pidió el martes pasado a la Asamblea Nacional que apruebe el decreto para superar la "tormenta" económica, y advirtió a la oposición que de negarle el decreto se entraría en una "confrontación".
El Tribunal Supremo de Justicia declaró a mediados de semana que el decreto de emergencia se ajusta a la constitución, lo que podría abrirle el camino a Maduro para llevar adelante la nueva regulación que le da facultades para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo, y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.
El jefe de la bancada opositora, diputado Julio Borges, dijo a The Associated Press que para el gobierno es fundamental tener la aprobación del Congreso para llevar adelante el decreto, y planteó que el control del máximo tribunal no será suficiente para ejecutar la normativa especial.
Los analistas estiman que será inevitable que el choque entre el gobierno y el Congreso agite nuevamente las tensiones políticas en Venezuela, lo que podría agravar aún más la crisis de Venezuela que está agobiada por una desbordada inflación que se ubicó en septiembre pasado en 141,5%, severos problemas de desabastecimiento, un fuerte déficit fiscal y una profunda recesión.
El oficialismo y la oposición se enfrentaron la semana pasada por tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia que los procesa por supuestas irregularidades en su elección.
Las tensiones lograron superarse luego que la mayoría opositora decidió acatar una sentencia del máximo tribunal que ordenó la desincorporación de los tres congresistas opositores de Amazonas.
El presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, descartó la aprobación del decreto y dijo a la emisora local Radio Caracas que ante la decisión de las autoridades financieras de no asistir al Legislativo para informar sobre la situación económica "no se puede sino improbar porque no tenemos información".
Ramos Allup calificó el decreto de Maduro de "trampa" con la que se busca responsabilizar a la Asamblea Nacional de la crisis.
Maduro pidió el martes pasado a la Asamblea Nacional que apruebe el decreto para superar la "tormenta" económica, y advirtió a la oposición que de negarle el decreto se entraría en una "confrontación".
El Tribunal Supremo de Justicia declaró a mediados de semana que el decreto de emergencia se ajusta a la constitución, lo que podría abrirle el camino a Maduro para llevar adelante la nueva regulación que le da facultades para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo, y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.
El jefe de la bancada opositora, diputado Julio Borges, dijo a The Associated Press que para el gobierno es fundamental tener la aprobación del Congreso para llevar adelante el decreto, y planteó que el control del máximo tribunal no será suficiente para ejecutar la normativa especial.
Los analistas estiman que será inevitable que el choque entre el gobierno y el Congreso agite nuevamente las tensiones políticas en Venezuela, lo que podría agravar aún más la crisis de Venezuela que está agobiada por una desbordada inflación que se ubicó en septiembre pasado en 141,5%, severos problemas de desabastecimiento, un fuerte déficit fiscal y una profunda recesión.
El oficialismo y la oposición se enfrentaron la semana pasada por tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia que los procesa por supuestas irregularidades en su elección.
Las tensiones lograron superarse luego que la mayoría opositora decidió acatar una sentencia del máximo tribunal que ordenó la desincorporación de los tres congresistas opositores de Amazonas.
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