El hecho ocurrió en el estado Lara
(Caracas, 09 de febrero de 2012) El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Lara, quienes presuntamente obligaron a una pareja de extranjeros a transferir 73 mil bolívares a una cuenta bancaria, el jueves 2 de febrero, en Barquisimeto.
En la audiencia de presentación, la fiscal 22° de dicha jurisdicción, Cristina Coronado, imputó a Kelvin López (inspector jefe), a José Salinas (inspector) y a Jhoan Álvarez (agente), por presuntamente incurrir en los delitos de concusión, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir.
Los tres funcionarios fueron imputados ante el Tribunal 2° de Control de Lara, instancia que, en principio, decretó la privativa de libertad sólo para López. No obstante, la fiscal del caso apeló la decisión que planteaba el otorgamiento de medidas cautelares con efectos suspensivos en relación con el inspector y el agente, quienes finalmente, quedaron detenidos, hasta tanto una Corte de Apelaciones tome la decisión respectiva.
López, Salinas y Álvarez permanecerán recluidos en la sede del Cicpc, mientras el Ministerio Público presenta el acto conclusivo en el lapso correspondiente.
De acuerdo con la investigación preliminar, el pasado 2 de febrero, los tres funcionarios se presentaron en la empresa de las víctimas (un iraní y su cónyuge venezolana pero con nacionalidad holandesa), alegando que la pareja poseía un vehículo sin permiso aduanero.
Los tres funcionarios, sin orden de allanamiento ni autorización de algún tribunal, ingresaron a la empresa y comenzaron a revisar los documentos de los productos que importaba dicho establecimiento comercial.
Una vez que terminaron con la revisión, trasladaron a la pareja a la sede el Cicpc de Barquisimeto, donde desde una computadora portátil de uno de los funcionarios, habrían obligado a ambos a transferir la mencionada cantidad de dinero a la cuenta de un tercero.
El viernes 3 de febrero, las víctimas acudieron al Ministerio Público a formular la denuncia, por lo que la fiscal del caso solicitó tres órdenes de aprehensión contra los funcionarios, quienes fueron detenidos el mismo día en sus respectivos puestos de trabajo.
Hay que resaltar que los funcionarios no pudieron hacer efectivo el dinero, pues la fiscal del caso solicitó el congelamiento de la cuenta.
RV
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