Venezuela garantista de los derechos humanos
(Caracas, 19 de febrero de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante los hechos de violencia ocurridos en el país en los últimos días, hizo un llamado a la población venezolana a asumir una postura de paz, tolerancia, armonía y convivencia solidaria.
Durante su participación en el espacio de entrevista del Noticiero de Venevisión, este miércoles 19 de febrero, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley.
Ortega Díaz indicó que el pueblo venezolano se ha caracterizado por una actitud cívica y pacífica, aun cuando existen diferencias políticas. Pero actualmente, hay sectores que pretenden descalificar a la población venezolana, haciéndola parecer como agresiva e inestable a escala internacional.
Resaltó que hechos como los ocurridos el pasado 12 de febrero, cuando sectores violentos atacaron la sede del Ministerio Público, poniendo en peligro la vida de más de 800 trabajadores, no pueden seguir ocurriendo.
Puntualizó que la institución está trabajando no sólo para sancionar a los autores materiales de los delitos, sino también a los autores intelectuales que hacen llamados irresponsables a la ciudadanía.
Alertó a los venezolanos a estar atentos y hacer caso omiso a los llamados a manifestaciones que intentan generar focos de violencia.
Por otra parte, la fiscal general informó que el Código Penal, en sus artículos 128 y 143, establece delitos que sancionan a quienes atenten contra la legitimidad del Estado.
Venezuela tiene vocación garantista de los derechos humanos
La Fiscal General reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar los delitos relacionados con la violación de los derechos humanos, labor que se realiza a través del Ministerio Público.
Destacó que la institución cuenta con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, donde las experticias técnicas y científicas son realizadas por expertos adscritos a este laboratorio. “Las diligencias no son practicadas por los organismos de seguridad a los cuales pertenecen los funcionarios a quienes se les atribuye la comisión de delitos”, aseveró.
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