lunes, 28 de julio de 2014

Ministerio Público logró pena máxima para chileno y tres venezolanos por trata de personas


(Caracas, 25 de julio de 2014) Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 30 años de prisión un chileno y tres venezolanos por incurrir en el delito de trata de personas, situación detectada a raíz de una investigación que inició el 30 de agosto de 2013 en el estado Bolívar.


Durante el juicio, las fiscales 8º nacional y 10º del segundo circuito de la jurisdicción, Mery Gómez y Yaurimara Parra, respectivamente, ratificaron la acusación contra el chileno Ricardo Landeros y los venezolanos Jazmín Maurera, Leomar Barrero y Humberto Guerra, por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.


Adicionalmente, Guerra, quien era consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní, fue acusado por corrupción propia y forjamiento de documento público.


Asimismo, se ratificó la acusación contra los exconsejeros Gustavo González y Yulima Fermín, por forjamiento de documento público; además Deisy Pérez (exconsejera) fue acusada por corrupción propia.


Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales, el Tribunal de Juicio de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz dictó una pena de 30 años de prisión para Landeros, Barrero, Guerra y Maurera.


En ese sentido, los hombres permanecen recluidos en el Internado Judicial de Vista Hermosa y la mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques.


Por su parte, la referida instancia judicial condenó a González, Fermín y Pérez a cinco años de prisión, cuya forma de cumplimiento será determinada por un tribunal de ejecución.


El caso data del 30 de agosto de 2013, cuando en una zona industrial de la parroquia Unare de Puerto Ordaz, Maurera y Barrero en complicidad con el chileno le arrebataron a una mujer su hija de siete meses.


Maurera, quien dijo actuar en representación de una asociación sin fines de lucro, tenía un mes y medio en contacto con la madre de la niña, pues le había prometido ayudarla con donaciones.


Ese día, Maurera y Barrero buscaron en un vehículo a la madre y a su hija en el sector El Roble de Puerto Ordaz. Al llegar a la zona industrial, Maurera le indicó a la mujer que se bajara del carro con el fin de firmar un documento, momento que aprovecharon para llevarse a la infante y huir del lugar.


Luego de formulada la denuncia, el mismo día, efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a Maurera, Barrero y Landeros en la alcabala La Viuda, y rescataron a la niña.


Posteriormente, los militares allanaron la casa de Maurera, en Puerto Ordaz, donde incautaron 68 carpetas, entre las que se localizaron medidas de protección con alteración de datos.


González, Guerra y Pérez fueron aprehendidos en septiembre de 2013; mientras que Fermín fue detenida el 22 de octubre de ese año, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.


miércoles, 23 de julio de 2014

Acuerdan prohibición de minería ilegal en el estado Delta Amacuro


(Caracas, 23 de julio de 2014) A solicitud del Ministerio Público, fueron acordadas medidas precautelativas ambientales en aras de prohibir la práctica ilegal de la minería en el estado Delta Amacuro, con la finalidad de proteger el medio ambiente de las seis Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abraes), así como la salud de los habitantes de dichas zonas.


Es importante destacar que la solicitud se fundamentó en la Ley Penal del Ambiente, para velar por la integridad de áreas como las cuencas del río Orinoco ubicadas en el Bajo Delta.


El trámite fue realizado por los fiscales 3º y auxiliar de la jurisdicción deltana con competencia en materia ambiental, Luis Ospino y Edulfo Bernal, respectivamente, ante el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro.


En tal sentido, la citada instancia judicial acordó la prohibición de esta práctica que lesiona el ecosistema de esos sectores, por la continua extracción de material aurífero, en la que se utilizan productos químicos, tales como el mercurio que deteriora las aguas de los ríos ubicados en los santuarios naturales del estado.


De la misma manera, el tribunal acordó la intervención de las Fuerzas Armadas Nacionales, para que actúen ante el incumplimiento de estas medidas ambientales.


Vale recordar que estás medidas también fueron adoptadas respecto a los estados Amazonas y Bolívar.