(Caracas, octubre de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y una abogada, por presuntamente solicitarle dinero a un comerciante de 34 años a cambio de no implicarlo en el tráfico ilícito de drogas y ocultamiento de arma de fuego.
El hecho ocurrió el 03 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Ciudad del Viento en Punto Fijo, estado Falcón.
Durante la audiencia de presentación, el fiscal 7º con competencia contra la corrupción, Freddy Franco Peña, imputó a los detectives Félix Alfonso (35), Carlos Riera (30), y a la inspectora, Johana Martínez (35), por los delitos de extorsión agravada, asociación para delinquir, privación ilegitima de libertad y simulación de hecho punible.
Asimismo, fue imputada la abogada Jhosmary Urbina (25) por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada y asociación para delinquir.
En este sentido, el Tribunal 3º de Control del estado Falcón, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó medida privativa de libertad contra los tres funcionarios y la abogada; y fijó como sitio de reclusión la sede de la Policía municipal de Carirubana.
El pasado 29 de agosto, el comerciante denunció lo ocurrido ante el mencionado despacho del Ministerio Público, donde manifestó que el 03 de agosto fue interceptado por los funcionarios en el estacionamiento del referido centro comercial, cuando se encontraba en compañía de su hija de cinco años, y le exigieron la entrega de 50 millones de bolívares para no implicarlo en delitos de tráfico ilícito de drogas y ocultamiento de arma de fuego.
Una vez conocida la situación, el fiscal del caso ordenó el inicio de la investigación y, conjuntamente con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), comenzaron las diligencias pertinentes.
De esta manera, Alfonso, Riera y Martínez fueron aprehendidos el lunes 07 de octubre, durante un procedimiento coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por el Sebin, en virtud de una orden de aprehensión acordada por la mencionada instancia judicial.
Adicionalmente, la investigación preliminar habría vinculado a la abogada con el hecho denunciado, razón por la que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión que fue acordada por el Tribunal 3º de Control de ese estado.
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